En una movida bipartidista, los legisladores Mike Rounds, del Partido Republicano, y Jon Tester, del Partido Demócrata, han levantado la voz en el Congreso de Estados Unidos para frenar la importación de carne vacuna proveniente de Paraguay. La principal preocupación expresada por ambos políticos se centra en el impacto potencial del producto paraguayo en la seguridad alimentaria y la salud animal en su país.
Acusan a Paraguay de no tener medidas fitosanitarias eficaces
Según el portal del legislador Mike Rounds, Paraguay ha tenido históricamente dificultades para contener brotes de fiebre aftosa y no ha cumplido con los estándares propuestos por los ganaderos de Montana. Rounds afirmó que la administración Biden ha priorizado iniciativas diplomáticas en la región, lo que, en su opinión, representa una amenaza significativa para la seguridad alimentaria en Estados Unidos.
Aducen los rigurosos estándares en materia alimentaria
El legislador subrayó la importancia de que los consumidores norteamericanos se alimenten con carne que cumpla con los rigurosos estándares exigidos en el país. La propuesta presentada exige la prohibición inmediata de la importación de carne paraguaya hasta que se realice una nueva evaluación que confirme la ausencia de riesgos.
Ganaderos de EE.UU. se oponen a la importación de carne desde Paraguay
El gremio de ganaderos estadounidenses ha expresado en reiteradas oportunidades su oposición a la propuesta del Departamento de Agricultura para permitir la importación de carne vacuna fresca desde Paraguay. A pesar de un intento anterior en el Congreso para detener la importación, el proyecto de ley no logró avanzar.
Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay, José Carlos Martin, minimizó las implicancias de la propuesta de ley, sugiriendo que forma parte del lobby realizado por el sector ganadero estadounidense. Martin afirmó que el Congreso tiene el derecho de expresar su opinión, pero la decisión final recae en el Departamento de Agricultura y el Ejecutivo estadounidense.